La economía sigue operando aunque casi nadie la defienda con entusiasmo. Los contratos se renuevan, los presupuestos se ajustan lo justo, las inversiones continúan en versión mínima. No porque exista una convicción compartida, sino porque interrumpir el movimiento exigiría una decisión más costosa que sostenerlo. Nadie empuja con fe; todos actúan como si empujar no fuera necesario.
Durante décadas se asumió que la confianza era el combustible central del sistema. Que sin expectativas positivas el motor se apagaba. Hoy esa relación se desplazó. La confianza no organiza la actividad; apenas la acompaña. Lo que mantiene el funcionamiento es otra cosa, más fría: un acuerdo implícito para no introducir un quiebre que obligue a explicar demasiado pronto por qué algo dejó de hacerse.
Ese acuerdo no se anuncia ni se firma. Se ejecuta en silencio. Las empresas continúan planes que ya no entusiasman porque cancelarlos abriría un vacío estratégico difícil de llenar. Los inversores sostienen posiciones que ya no representan una tesis viva porque salir exigiría un relato que no termina de cerrarse. No se elige lo correcto; se evita lo que parece más disruptivo.
Así se construye una forma particular de estabilidad. El sistema se mantiene porque todos se comportan como si fuera más sólido de lo que realmente creen. No hay fortaleza compartida, sino coordinación defensiva. Cada actor asume que los demás seguirán actuando, y ese supuesto —no la confianza— es lo que ordena las decisiones cotidianas.
Cuando el eje se desplaza de ese modo, los indicadores cambian de sentido. Un dato positivo ya no confirma una mejora estructural; un dato negativo tampoco dispara alarmas inmediatas. Ambos conviven en un entorno donde lo relevante no es la dirección, sino la persistencia. Continuar se vuelve una estrategia en sí misma, distinta de avanzar y distinta de retroceder.
Aquí aparece una contradicción incómoda que rara vez se dice en voz alta: la confianza dejó de ser motor, pero no dejó de ser un arma. No se la necesita para operar, pero sí para justificar rupturas. Mientras no exista un consenso mínimo para romper el pacto de continuidad, el sistema seguirá funcionando por cálculo, no por convicción. Y ese cálculo tiende a premiar la postergación.
El costo de esta forma de funcionamiento no es inmediato ni fácil de medir. No aparece en balances ni en titulares. Es cognitivo. Reduce la capacidad colectiva de imaginar rupturas ordenadoras. Convierte lo provisional en hábito. Hace que sostener se confunda con prudencia y que interrumpir parezca irresponsable, incluso cuando la continuidad ya no produce dirección.
Por eso la pregunta relevante ya no es si la economía está bien o mal. Tampoco si hay suficiente confianza. La tensión real está en otro lugar: cuánto tiempo puede operar un sistema que se mantiene porque nadie quiere hacer visible la desconfianza que todos intuyen. Mientras ese acuerdo tácito siga en pie, la economía seguirá funcionando. No por fe. Por decisión de no interrumpir.